Ley de transparencia

Fuente: http://www.leydetransparenciaya.info/

¿Por qué es necesaria?

España es el único de país europeo con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Esto implica que el gobierno y las instituciones públicas no están obligadas a facilitarnos información necesaria para tomar decisiones importantes en el ámbito personal, profesional y político. He aquí algunos ejemplos:

Si vas a meter a tu madre en una residencia de ancianos y no puedes saber si esa residencia ha sido sancionada con anterioridad, porque las administraciones públicas como norma general no dan nunca información de expedientes sancionadores a personas que no son parte activa en el proceso.

Alguien puede poner en su currículo que es licenciado en Derecho y doctorado por la UCM y no hay forma legal de comprobar que esa formación sea real porque es el Estado quien imparte los títulos universitarios.

La nueva Ley del Suelo decía que todos los concejales de España tienen que hacer una declaración de bienes y otra de ingresos cuando toman el cargo y renovarla cada año. Dicha declaración tiene que estar accesible al ciudadano que quiera consultarla. Esto se pensó así para evitar el enriquecimiento fraudulento. Pues bien. A pesar de que hace 4 años que esa ley está aprobada, ese mandato concreto no se cumple. Y nadie hace nada por que se cumpla.

La mayoría de los delitos económicos prescribe a los cinco años. Una legislatura completa son cuatro. Si un cargo político consigue bloquear un año más la información de sus trapicheos, se puede dar casi por salvado porque, sin información, nadie habrá podido denunciarlo antes de que sus actividades delictivas hayan prescrito.

Por todo ello, la ausencia de este tipo de legislación favorece absolutamente la corrupción, dificulta enormemente la labor de denuncia de la misma, tanto a los ciudadanos en general, como a los medios de comunicación en particular, y fomenta el alejamiento entre la ciudadanía y las instituciones.

Si consideras importante que se avance en la puesta en práctica de nuestros derechos, firma para que se adopte una ley que reconozca el derecho de acceso a la información, la comunicación y el conocimiento como un derecho fundamental y que regule específicamente la transparencia de datos institucionales.